El cártel de Bruno Plácido (¿y Ángel Aguirre?)

En un inusitado desafío al gobierno, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, advirtió este miércoles que la Policía Ciudadana de esa agrupación no se desarmará ni permitirá que las autoridades lo hagan. Plácido Valerio se escuda en el supuesto de que la creación de la Policía Ciudadana responde a la necesidad de la población de defenderse de la delincuencia, contexto en el que esta autodefensa surgió en enero de 2013, pero hace mucho tiempo que la UPOEG dejó de cumplir esa función para constituirse en un grupo armado al servicio de intereses del crimen organizado. La actitud arrogante de Bruno Plácido, quien ha sido señalado de mantener vínculos con el narcotráfico, confirma todas las sospechas que se ciernen sobre él. Responde no como una organización social, sino como un grupo delincuencial.

El desarme de la UPOEG se afianzó como una necesidad en el estado de Guerrero cuando el pasado 9 de junio integrantes de la Policía Ciudadana asesinaron a siete personas, incluidos tres niños, uno de ellos de sólo cuatro meses de edad, en San Pedro Cacahuatepec, comunidad del municipio de Acapulco. Bruno Plácido intentó justificar la matanza con la mentira de que la autodefensa había sido atacada, pero la Fiscalía General del Estado estableció que no hubo tal cosa, sino que fueron los policías de la UPOEG los que atacaron sin miramientos a la familia que se encontraba en su casa. Desde entonces Plácido Valerio ha impedido que los policías responsables de la masacre respondan ante la justicia, y él mismo se ha escondido.

Es perceptible que el gobierno de Guerrero ha procedido con cautela en este caso para no causar un enfrentamiento con el grupo armado de la UPOEG. No obstante, en referencia obvia a la UPOEG el gobernador Héctor Astudillo Flores ha anticipado que las organizaciones de autodefensas se encuentran en la ilegalidad y deben ser desarmadas. En ese contexto específico la semana pasada la Fiscalía de Guerrero detuvo a uno de los policías ciudadanos que intervinieron en la matanza de Cacahuatepec, lo que parece haber motivado la explosiva respuesta de Bruno Plácido, quien se dirige al gobernador en ese tono desafiante más propio de un cártel del narcotráfico que de una organización que todavía se asume como social. Aparentemente el objetivo de Bruno Plácido es desestabilizar al gobierno de Héctor Astudillo mediante el recurso de añadir fuego al fuego.

La postura y el ánimo desestabilizador de Bruno Plácido coincide con exactitud con la estrategia que la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, ha desarrollado frente al gobierno del PRI después de haber sido derrotada hace dos años en la elección de gobernador. Pero es de mayor trascendencia el hecho de que el desafío de Bruno Plácido hacia el gobierno de Guerrero tenga lugar precisamente en el momento en que su amigo y protector, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, puso en marcha su regreso a la política activa dentro del PRD, partido al que renunció hace poco más de dos años en las circunstancias creadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la detención de su hermano Mateo Aguirre por una acusación de fraude al presupuesto público. Este regreso se produjo el domingo pasado durante una reunión política realizada en Acapulco, a la que sin embargo Aguirre Rivero no asistió. Ahí se formalizó la incorporación del grupo político de Angel Aguirre, Izquierda Progresista Guerrerense, a la corriente Alternativa Democrática Nacional que dirige Héctor Bautista López, quien estuvo en el encuentro. Para que no quedara duda de que se trataba de un acto de apoyo al ex gobernador, los participantes se deshicieron en vehementes elogios a Aguirre Rivero.

El hecho que vincula a Bruno Plácido con el ex gobernador Ángel Aguirre es el apoyo y financiamiento que la UPOEG recibió del gobierno de Guerrero en 2013, sin lo cual no habría podido alcanzar la expansión que mostró a partir de entonces. Ya hemos citado aquí que el mismo Bruno Plácido informó en febrero de 2014 –durante el gobierno de Ángel Aguirre– que la Policía Ciudadana estaba integrada por mil 160 efectivos y contaba con 800 armas, un arsenal de grandes dimensiones sólo comparable con el de la policía estatal, con el de la Policía Ministerial o con el de un cártel del narcotráfico. Sin embargo, este armamento no ha sido usado contra la delincuencia, sino contra otros grupos de autodefensas que han cuestionado a Bruno Plácido, como el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que se ha establecido en Tierra Colorada después de que la población echó de ahí a las fuerzas UPOEG. En emboscadas y ataques de la UPOEG contra el FUSDEG han sido asesinadas unas veinte personas.

La aplicación de la ley contra los homicidas de la familia de San pedro Cacahuatepec ha resultado intolerable para Bruno Plácido, quien ha optado por enfrentar a las autoridades, y según sus palabras por todos los medios. Con ello, Bruno Plácido se desenmascara y se asume como un delincuente. Es hora de preguntarse si Ángel Aguirre, su protector y financiador y quien busca ser candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, es parte de esta campaña. ¿Lo es?

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